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Divorzio cubano dalla legge e la pratica

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Messaggio Da arcoiris Ven 28 Dic 2012 - 12:12

LA HABANA, Cuba, diciembre, www.cubanet.org -No hay que ser un experto en asuntos constitucionales, basta una lectura, desde el artículo 72 al 99, para que salte a la vista que en el accionar de la Asamblea Nacional del Poder Popular, desde la primera magistratura, instaurada en febrero de 1976, hasta la séptima, que concluyó el 13 de diciembre, la Constitución de la República ha sido ignorada.

Los dirigentes del gobierno, desde el presidente de la república hasta el último ministro, se niegan a cumplir lo que esta prescripto en la Constitución, y, amparados en una historia que es más personal que institucional, se consideran intocables

Durante los últimos 36 años, el poder legislativo ha sido el responsable de que la actual Constitución sea ignorada, pisoteada y violada por el poder ejecutivo. La Ley de Leyes es un documento desconocido por el pueblo. Hablar en Cuba de Constitución y poder legislativo es un chiste de mal gusto.

Desde que tomaron el poder, hace ya 53 años, los omnímodos gobernantes cubanos creen que gozan de un derecho concedido por la Historia, y por eso consideran que no tienen que rendirle a nadie cuenta sobre sus actos. Parafraseando a Luis XIV, el Estado son ellos.

El ejecutivo, sin brindar explicación alguna, ha cometido infinitas violaciones de la Constitución vigente. Esto quedó demostrado una vez más en la reunión de la Asamblea Nacional del Poder Popular, celebrada el pasado 13 de diciembre, en la que el presidente y jefe de gobierno, general Raúl Castro, se limitó a pronunciar un discurso como cierre de la séptima legislatura.

El artículo 99, de la Constitución, establece que “el Consejo de Ministros es responsable y rinde cuenta periódicamente de todas sus actividades ante la Asamblea Nacional del Poder Popular”.

El Presidente de la República no es elegido por el voto popular. Según el artículo 74, de la Constitución, le corresponde a la Asamblea Nacional del Poder Popular elegir entre sus diputados al Consejo de Estado, integrado por el Presidente, que además es jefe de gobierno, y el Primer Vicepresidente, junto con cinco Vicepresidentes, un secretario y 23 miembros más, los cuales tienen que rendir cuenta de sus actividades. Pero eso es algo que nunca ha ocurrido.

Durante la finalizada séptima legislatura del parlamento cubano, han sido promulgados decretos leyes por el Consejo de Estado y aprobado decretos por el Consejo de Ministros. Nunca han sido revocados, facultad que refrenda el artículo 75, inciso (r). El presidente de la Asamblea Nacional, Ricardo Alarcón, y los diputados, durante estos cincos años, no han interpelado a ningún miembro del Consejo del Estado ni del gobierno sobre estos instrumentos legales que contravienen la Constitución.

Los instrumentos legales puestos en vigencia por el poder ejecutivo, y que han sido aprobados dócilmente por el legislativo, están dirigidos a poner término a la fracasada política voluntarista de pleno empleo, aplicada por el anterior gobierno de Fidel Castro. Su propósito es que los trabajadores desempleados encuentren trabajo en el sector de las pequeñas empresas privadas, y se conviertan en lo que el gobierno llama eufemísticamente “trabajadores por cuenta propia”.

Pero el artículo 21, de la Constitución, se contrapone a tales medidas, dado que solo garantiza “la propiedad personal sobre los ingresos y ahorros procedente del trabajo propio, sobre la vivienda que se posee, además garantiza la propiedad sobre los instrumentos de trabajo personal, que no pueden ser utilizado para obtener ingresos proveniente de la explotación del trabajo ajeno”.

Si la cosa es así, son totalmente ilegales las licencias otorgadas a los 1 732 dueños de paladares, quienes emplean, como mínimo, a 15 trabajadores. De igual manera, los propietarios de viviendas, que han dedicado 4 288 de sus habitaciones para alquilarlas a turistas extranjeros y nacionales. Algo similar sucede con las 700 casas que están arrendadas a empresarios extranjeros. A ello se suma las miles de cafeterías, pizzerías, heladerías, y negocios de venta minorista en general, donde los dueños de estos establecimientos emplean de cinco a 8 trabajadores.

Si bien es cierto que estas legislaciones se contraponen a la Constitución vigente, hay que reconocer que ellas han posibilitado que cerca de 400 mil personas hayan encontrado trabajo, ya sea como propietarios o empleados contratados en la actividad privada en el sector de los servicios.

Ante esta irreversible realidad económica, para poner orden legal a estas violaciones, los diputados, amparados en el artículo 88, están en la obligación de proponer al parlamento una iniciativa legislativa dirigida a eliminar los artículos de la Constitución que no reconocen la pequeña empresa privada, ni la venta de sus producciones de acuerdo con las leyes del mercado. Eso les daría garantías legales a los pequeños empresarios, que en estos momentos permanecen en un limbo jurídico.

Tal paso abriría la puerta a la modernización del obsoleto e improductivo modelo económico cubano, más dañino que el embargo norteamericano, y mandaría una señal a los inversores extranjeros, en el sentido de que podrían contar con garantías constitucionales para establecer sus negocios en la Isla.


TRADUZIONE AUTOMATICA

L'Avana, Cuba, dicembre, www.cubanet.org-Non c'è bisogno di essere un esperto in materia costituzionale, la semplice lettura da articolo 72 a 99, per passare alla vista che le azioni dell'Assemblea Nazionale popolare dalla presidenza, istituito nel febbraio 1976, fino al settimo, che si è conclusa il 13 dicembre, la Costituzione è stata ignorata.

I capi di governo, dal presidente della repubblica fino a l'ultimo ministro, rifiutano di conformarsi a quanto prescritto dalla Costituzione, e coperto di una storia che è più personale che istituzionale, sono considerati intoccabili

Nel corso degli ultimi 36 anni, il legislatore è stato responsabile per l'attuale Costituzione viene ignorato, calpestato e violato da parte dell'esecutivo. La Legge delle Leggi è un documento sconosciuto al popolo. Parlando a Cuba Costituzione e il parlamento è un brutto scherzo.

Da quando ha preso il potere 53 anni fa, che tutto abbraccia dirigenti cubani credono di godere di un diritto riconosciuto dalla storia, e quindi che devono pagare a chiunque di rispondere delle proprie azioni. Per parafrasare Luigi XIV, lo stato sono.

L'esecutivo, senza fornire alcuna spiegazione, ha commesso numerose violazioni della Costituzione. Questo è stato dimostrato ancora una volta, in occasione della riunione dell'Assemblea Nazionale del Potere Popolare, tenutasi lo scorso 13 dicembre, in cui il presidente e il primo ministro, il generale Raul Castro, semplicemente come un discorso di chiudere la settima legislatura .

L'articolo 99 della Costituzione prevede che "il Consiglio dei ministri è responsabile e riferisce periodicamente sulle sue attività dell'Assemblea Nazionale del Potere Popolare."

Il Presidente è eletto con voto popolare. Ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, spetta all'Assemblea Nazionale del Potere Popolare scegliere i loro deputati al Consiglio di Stato, composto dal Presidente, che è anche capo del governo, e il Primo Vice Presidente, insieme ad altri cinque vicepresidenti, uno membri della segreteria e 23, che deve rendere conto per le loro attività. Ma questo è qualcosa che non è mai accaduto.

Nel corso della legislatura ha concluso al settimo del Parlamento cubano, decreti furono promulgati dal Consiglio di Stato e approvato dal Consiglio dei Ministri decreti. Non sono state revocate, docenti approva l'articolo 75, paragrafo (r). Il Presidente dell'Assemblea Nazionale Ricardo Alarcon, e deputati, nel corso di questi cinque anni, non hanno messo in discussione ciascun membro del Consiglio di Stato o di governo su questi strumenti giuridici che violano la Costituzione.

Gli strumenti giuridici messi in atto dal potere esecutivo, e che sono stati approvati dal legislatore docilmente, hanno lo scopo di porre fine alla politica fallimentare proattiva della piena occupazione, applicata dal precedente governo di Fidel Castro. Il suo scopo è che i lavoratori disoccupati a trovare posti di lavoro nel settore delle piccole imprese private, e diventare quello che il governo chiama eufemisticamente "lavoratori autonomi".

Ma l'articolo 21 della Costituzione, si oppone a tali misure, in quanto garantisce solo "reddito personale proprietà e risparmi dal lavoro stesso, sulla strada di casa, che ha anche garantito la proprietà degli strumenti di lavoro personale che non può essere utilizzato per guadagnare il reddito dallo sfruttamento del lavoro altrui. "

Se il fatto è che sono totalmente illegali le licenze concesse ai 1.732 proprietari palati che impiegano almeno 15 lavoratori. Allo stesso modo, i proprietari di abitazione, che hanno dedicato le loro 4.288 camere in affitto ai turisti nazionali e stranieri. Qualcosa di simile accade con le 700 case che vengono affittati agli imprenditori stranieri. Aggiungete a questo le migliaia di bar, pizzerie, gelaterie, e le imprese di vendita al dettaglio in genere, dove i proprietari di queste imprese impiegano 5-8 lavoratori.

Anche se queste leggi sono contrari alla Costituzione attuale, dobbiamo riconoscere che hanno permesso quasi 400 mila persone hanno trovato lavoro, sia come proprietari o dipendenti impegnati in attività privata nel settore dei servizi.

Tenuto conto di questa realtà economica irreversibile, ordinamento giuridico di mettere queste violazioni, deputati, tutelati dall'articolo 88 sono tenuti a proporre al Parlamento una iniziativa legislativa volta ad eliminare gli articoli della Costituzione che non riconoscono la piccola azienda privata, o la vendita dei propri prodotti in conformità con le leggi del mercato. Questo darebbe garanzie giuridiche per le piccole imprese, che attualmente rimangono in un limbo giuridico.

Un tale passo avrebbe aperto la porta alla modernizzazione della obsoleta e improduttiva modello economico cubano, più dannosi che l'embargo degli Stati Uniti, e inviare un segnale agli investitori stranieri, nel senso che potrebbe avere diritti costituzionali per stabilire le loro attività sull'isola

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Divorzio cubano dalla legge e la pratica Empty Re: Divorzio cubano dalla legge e la pratica

Messaggio Da giumiro Ven 28 Dic 2012 - 22:52

arcoiris ha scritto:LA HABANA, Cuba, diciembre, www.cubanet.org -No hay que ser un experto en asuntos constitucionales, basta una lectura, desde el artículo 72 al 99, para que salte a la vista que en el accionar de la Asamblea Nacional del Poder Popular, desde la primera magistratura, instaurada en febrero de 1976, hasta la séptima, que concluyó el 13 de diciembre, la Constitución de la República ha sido ignorada.

Los dirigentes del gobierno, desde el presidente de la república hasta el último ministro, se niegan a cumplir lo que esta prescripto en la Constitución, y, amparados en una historia que es más personal que institucional, se consideran intocables

Durante los últimos 36 años, el poder legislativo ha sido el responsable de que la actual Constitución sea ignorada, pisoteada y violada por el poder ejecutivo. La Ley de Leyes es un documento desconocido por el pueblo. Hablar en Cuba de Constitución y poder legislativo es un chiste de mal gusto.

Desde que tomaron el poder, hace ya 53 años, los omnímodos gobernantes cubanos creen que gozan de un derecho concedido por la Historia, y por eso consideran que no tienen que rendirle a nadie cuenta sobre sus actos. Parafraseando a Luis XIV, el Estado son ellos.

El ejecutivo, sin brindar explicación alguna, ha cometido infinitas violaciones de la Constitución vigente. Esto quedó demostrado una vez más en la reunión de la Asamblea Nacional del Poder Popular, celebrada el pasado 13 de diciembre, en la que el presidente y jefe de gobierno, general Raúl Castro, se limitó a pronunciar un discurso como cierre de la séptima legislatura.

El artículo 99, de la Constitución, establece que “el Consejo de Ministros es responsable y rinde cuenta periódicamente de todas sus actividades ante la Asamblea Nacional del Poder Popular”.

El Presidente de la República no es elegido por el voto popular. Según el artículo 74, de la Constitución, le corresponde a la Asamblea Nacional del Poder Popular elegir entre sus diputados al Consejo de Estado, integrado por el Presidente, que además es jefe de gobierno, y el Primer Vicepresidente, junto con cinco Vicepresidentes, un secretario y 23 miembros más, los cuales tienen que rendir cuenta de sus actividades. Pero eso es algo que nunca ha ocurrido.

Durante la finalizada séptima legislatura del parlamento cubano, han sido promulgados decretos leyes por el Consejo de Estado y aprobado decretos por el Consejo de Ministros. Nunca han sido revocados, facultad que refrenda el artículo 75, inciso (r). El presidente de la Asamblea Nacional, Ricardo Alarcón, y los diputados, durante estos cincos años, no han interpelado a ningún miembro del Consejo del Estado ni del gobierno sobre estos instrumentos legales que contravienen la Constitución.

Los instrumentos legales puestos en vigencia por el poder ejecutivo, y que han sido aprobados dócilmente por el legislativo, están dirigidos a poner término a la fracasada política voluntarista de pleno empleo, aplicada por el anterior gobierno de Fidel Castro. Su propósito es que los trabajadores desempleados encuentren trabajo en el sector de las pequeñas empresas privadas, y se conviertan en lo que el gobierno llama eufemísticamente “trabajadores por cuenta propia”.

Pero el artículo 21, de la Constitución, se contrapone a tales medidas, dado que solo garantiza “la propiedad personal sobre los ingresos y ahorros procedente del trabajo propio, sobre la vivienda que se posee, además garantiza la propiedad sobre los instrumentos de trabajo personal, que no pueden ser utilizado para obtener ingresos proveniente de la explotación del trabajo ajeno”.

Si la cosa es así, son totalmente ilegales las licencias otorgadas a los 1 732 dueños de paladares, quienes emplean, como mínimo, a 15 trabajadores. De igual manera, los propietarios de viviendas, que han dedicado 4 288 de sus habitaciones para alquilarlas a turistas extranjeros y nacionales. Algo similar sucede con las 700 casas que están arrendadas a empresarios extranjeros. A ello se suma las miles de cafeterías, pizzerías, heladerías, y negocios de venta minorista en general, donde los dueños de estos establecimientos emplean de cinco a 8 trabajadores.

Si bien es cierto que estas legislaciones se contraponen a la Constitución vigente, hay que reconocer que ellas han posibilitado que cerca de 400 mil personas hayan encontrado trabajo, ya sea como propietarios o empleados contratados en la actividad privada en el sector de los servicios.

Ante esta irreversible realidad económica, para poner orden legal a estas violaciones, los diputados, amparados en el artículo 88, están en la obligación de proponer al parlamento una iniciativa legislativa dirigida a eliminar los artículos de la Constitución que no reconocen la pequeña empresa privada, ni la venta de sus producciones de acuerdo con las leyes del mercado. Eso les daría garantías legales a los pequeños empresarios, que en estos momentos permanecen en un limbo jurídico.

Tal paso abriría la puerta a la modernización del obsoleto e improductivo modelo económico cubano, más dañino que el embargo norteamericano, y mandaría una señal a los inversores extranjeros, en el sentido de que podrían contar con garantías constitucionales para establecer sus negocios en la Isla.


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non ho capito cosa c'entra con il divorzio.... Question
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