Adiós presupuesto del Ministerio de Cultura, empresas musicales tienen que ser rentables

LA HABANA, Cuba, julio, www.cubanet.org -Ya están en manos de los directores de las empresas o agencias de contratación artística, para el área de la música, nuevas e inquietantes resoluciones gubernamentales. Una de ellas pretende librar a dichas empresas del grillete que las sujeta al denominado “objeto social”. Este ha sido un mecanismo de control que ahoga las iniciativas de desarrollo de las entidades y las limita a una sola línea de trabajo.

Durante el transcurso de los próximos meses, las empresas comenzarán a trabajar sin el respaldo del presupuesto para el pago a los trabajadores. Este dinero era subvencionado por el Ministerio de Cultura, de acuerdo con un presupuesto general, aprobado por el gobierno central.

Las nuevas regulaciones, que flexibilizan el mencionado “objeto social”, buscan dotar de autonomía económica a las entidades. Ello equivale a que, para ser rentables, éstas tendrán que desarrollar diversas iniciativas para generar ingresos. A partir de sus propias gestiones, las empresas serán o no solventes. De no lograrlo, pasarán a liquidación, y los trabajadores irán a la calle.

En las empresas musicales se va a modificar, de modo radical, la relación entre las administraciones y los músicos o agrupaciones integrantes de sus respectivos catálogos. El antiguo sistema de contratación, heredado del socialismo euroasiático, ha sido desmontado gradualmente durante los últimos años. En este momento, estamos asistiendo a la demolición de sus paredes de carga o sostén. Entiéndanse los méritos artísticos o de currículo, más o menos supeditados a méritos políticos y al sistema de subvención o protección.

A partir de ahora, las agrupaciones tendrán que generar ganancias monetarias a las empresas. De no ser así, serán echadas de éstas. Ello equivaldría a la pérdida de su status profesional.

Vale añadir que hasta el momento continúa vigente la denominada Resolución Ministerial “Contra el Intrusismo Profesional”. Según normativa, reforzada en el año 2001, los músicos o grupos musicales solo pueden hacer presentaciones públicas pagadas si presentan el documento escrito que les acredita como vinculados a una empresa oficial. Previamente, la entidad a la cual pertenece el artista y el sitio donde actúa han firmado contrato, mediante los
respectivos abogados.

De esta manera, el artista queda supeditado a leoninos descuentos, derivados de los servicios de representación legal y gestión de pago, por un lado, y gastos derivados del espectáculo, en el otro. Se puede pactar sobre la base del reembolso de un determinado precio por actuación. También existe la opción de cobrar de acuerdo con la cantidad de público que pague por entrar al concierto.

A la sombra de este capicúa burocrático, sobrevive una cadena de corrupción, cuyos valedores, llámense gerentes o directores de Centros Provinciales de la Música, venden al mejor postor los espacios de presentación o la posibilidad de contratarse por un precio y cobrar la actuación.

Según ha trascendido, el artista o grupo musical que no sea rentable en un plazo de tres meses, pierde su relación con la entidad contratista. Precisamente, uno de los factores que será determinante en la supervivencia de las agencias y su empleomanía es la rentabilidad de los artistas vinculados.

La pura ley selvática del mercado ha tomado el mando de la escena musical en Cuba. Este nuevo bandazo del reformismo raulista llega en un momento difícil. Los espacios de legitimación del producto artístico musical están en manos de una mafia generada por el régimen. Los medios de difusión masiva son herramientas ideológicas y un fiel reflejo del ascenso y entronización de la mediocridad. En estas nuevas circunstancias, solo sobrevivirán quienes estén dispuestos a ser cómplices, económicamente rentables, del pan y circo dictatorial.