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Inútiles respuestas
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Inútiles respuestas
LA HABANA, Cuba, enero, www.cubanet.org -Luego de casi 3 meses de espera, Caridad Reyes recibió respuesta a su queja, en diciembre del pasado año. Yerenia Otero Borrego, Jefa del Departamento de Atención a la Población de la Fiscalía General de Cuba, le contestó:
“Su caso ha sido trasladado a la Fiscalía Provincial de La Habana para su tramitación y respuesta”.
Probablemente, la señora Reyes tenga que esperar 60 días más. Con 64 años de edad y una hija con Síndrome de Down bajo su cuidado, denunció “injusticias de los tribunales y de su abogada contratada de Bufetes Colectivos”, en un proceso de impugnación de permuta. Mientras tanto, continuará bajando por peligrosas escaleras los cubos de desechos, por mal drenaje en las instalaciones sanitarias de la casa permutada.
“Fui engañada”, asegura la anciana.
El impreso confeccionado por la Fiscalía General para responder reclamos de los ciudadanos abarca unas tres líneas. Solo cambia el nombre del quejoso y la Fiscalía Provincial a la que se traslada.
¿Acaso la Fiscalía General acostumbra a reenviar las quejas a instancias inferiores sin brindar solución al asunto? ¿Será más efectivo que los ciudadanos se quejen directamente a la Fiscalía Provincial?
Caridad Reyes ya pidió ayuda a la Fiscalía de La Habana. Pero, en marzo de 2011, los fiscales le respondieron que esperara el fallo del Tribunal, porque ellos “velan por el cumplimiento de la legalidad, aunque no administran justicia”.
Marcelino Acea, enfermo de VIH, también se quejó ante la Fiscalía Provincial de la capital por no recibir albergue.
“Mi casa fue demolida por peligro de derrumbe en 1979. Desde entonces duermo en la calle o en casa de algún amigo”, dijo.
La respuesta a su caso fue remitida al mismo organismo infractor, la Unidad de Comunidades de Tránsito, de la Dirección Municipal de la Vivienda de Centro Habana. “Finalmente me respondieron que mi queja queda sin solución, aunque tengo razón en parte”, agregó.
Según declaró a la prensa oficial la propia Fiscal Yerenia Otero, el pasado 10 de diciembre, “Día de los Derechos Humanos”, para la Fiscalía General, la atención a los ciudadanos es una prioridad. “Somos los encargados no solo de atender directamente al público, sino de depurar, tramitar y dar respuesta a sus planteamientos, donde encuentran las orientaciones que necesitan”, señaló.
Según cifras oficiales del semanario Trabajadores, de enero a octubre de 2012, en las fiscalías de la Isla se atendieron 75 mil 352 personas y recibieron 12 mil 768 cartas. A solo un 25 por ciento de los reclamantes se les reconoció que tenían la razón. Supuestamente, en esos casos “se le da un seguimiento hasta que quede resuelto”.
Al parecer, Yurlianis Tamayo Martínez pertenece a ese por ciento que se queja sin tener razón. Desesperada por vivir en una escuela destruida y en peligro de derrumbe, ocupó junto a sus dos hijas menores un inmueble deshabitado. La fiscal Pulido le respondió:
“Conocemos su crítica situación, pero no la hace merecedora de buscar solución a través de ilegalidades. No tenemos competencia para intervenir en los fondos de los asuntos, mucho menos para decidir sobre los mismos”.
Luego, Yurlianis fue desalojada violentamente por la policía de Diez de Octubre.
Denunció a los uniformados ante la Fiscalía Militar Principal por lesiones a ella y una de sus niñas. El 22 de abril de 2010, recibió respuesta del Vicefiscal General, Coronel Risell Collazo, quien remitió el caso a la fiscalía militar del territorio “para que esclarezca y ofrezca respuesta acorde a derecho”.
“Los policías no fueron sancionados. Actualmente quien extingue sanción por Atentado soy yo”, añade Yurlianis.
El sistema legal cubano prevé la obligatoriedad de respuestas a las quejas, pero no la solución o restitución en caso de comprobarse la denuncia, o su tramitación en la vía judicial. El término para responder es demasiado extenso y no prevé excepción para casos urgentes.
Generalmente, ninguna institución investiga el fondo del asunto ni verifica las violaciones alegadas. En la mayoría de los casos, comunican al quejoso el traslado de su asunto a la instancia inferior. A veces ni responden. No obstante, la licenciada Yerenia Otero Borrego afirma:
“En nuestro país los fiscales son los defensores del pueblo”.
TRADUZIONE AUTOMATICA
CUBANET.ORG
“Su caso ha sido trasladado a la Fiscalía Provincial de La Habana para su tramitación y respuesta”.
Probablemente, la señora Reyes tenga que esperar 60 días más. Con 64 años de edad y una hija con Síndrome de Down bajo su cuidado, denunció “injusticias de los tribunales y de su abogada contratada de Bufetes Colectivos”, en un proceso de impugnación de permuta. Mientras tanto, continuará bajando por peligrosas escaleras los cubos de desechos, por mal drenaje en las instalaciones sanitarias de la casa permutada.
“Fui engañada”, asegura la anciana.
El impreso confeccionado por la Fiscalía General para responder reclamos de los ciudadanos abarca unas tres líneas. Solo cambia el nombre del quejoso y la Fiscalía Provincial a la que se traslada.
¿Acaso la Fiscalía General acostumbra a reenviar las quejas a instancias inferiores sin brindar solución al asunto? ¿Será más efectivo que los ciudadanos se quejen directamente a la Fiscalía Provincial?
Caridad Reyes ya pidió ayuda a la Fiscalía de La Habana. Pero, en marzo de 2011, los fiscales le respondieron que esperara el fallo del Tribunal, porque ellos “velan por el cumplimiento de la legalidad, aunque no administran justicia”.
Marcelino Acea, enfermo de VIH, también se quejó ante la Fiscalía Provincial de la capital por no recibir albergue.
“Mi casa fue demolida por peligro de derrumbe en 1979. Desde entonces duermo en la calle o en casa de algún amigo”, dijo.
La respuesta a su caso fue remitida al mismo organismo infractor, la Unidad de Comunidades de Tránsito, de la Dirección Municipal de la Vivienda de Centro Habana. “Finalmente me respondieron que mi queja queda sin solución, aunque tengo razón en parte”, agregó.
Según declaró a la prensa oficial la propia Fiscal Yerenia Otero, el pasado 10 de diciembre, “Día de los Derechos Humanos”, para la Fiscalía General, la atención a los ciudadanos es una prioridad. “Somos los encargados no solo de atender directamente al público, sino de depurar, tramitar y dar respuesta a sus planteamientos, donde encuentran las orientaciones que necesitan”, señaló.
Según cifras oficiales del semanario Trabajadores, de enero a octubre de 2012, en las fiscalías de la Isla se atendieron 75 mil 352 personas y recibieron 12 mil 768 cartas. A solo un 25 por ciento de los reclamantes se les reconoció que tenían la razón. Supuestamente, en esos casos “se le da un seguimiento hasta que quede resuelto”.
Al parecer, Yurlianis Tamayo Martínez pertenece a ese por ciento que se queja sin tener razón. Desesperada por vivir en una escuela destruida y en peligro de derrumbe, ocupó junto a sus dos hijas menores un inmueble deshabitado. La fiscal Pulido le respondió:
“Conocemos su crítica situación, pero no la hace merecedora de buscar solución a través de ilegalidades. No tenemos competencia para intervenir en los fondos de los asuntos, mucho menos para decidir sobre los mismos”.
Luego, Yurlianis fue desalojada violentamente por la policía de Diez de Octubre.
Denunció a los uniformados ante la Fiscalía Militar Principal por lesiones a ella y una de sus niñas. El 22 de abril de 2010, recibió respuesta del Vicefiscal General, Coronel Risell Collazo, quien remitió el caso a la fiscalía militar del territorio “para que esclarezca y ofrezca respuesta acorde a derecho”.
“Los policías no fueron sancionados. Actualmente quien extingue sanción por Atentado soy yo”, añade Yurlianis.
El sistema legal cubano prevé la obligatoriedad de respuestas a las quejas, pero no la solución o restitución en caso de comprobarse la denuncia, o su tramitación en la vía judicial. El término para responder es demasiado extenso y no prevé excepción para casos urgentes.
Generalmente, ninguna institución investiga el fondo del asunto ni verifica las violaciones alegadas. En la mayoría de los casos, comunican al quejoso el traslado de su asunto a la instancia inferior. A veces ni responden. No obstante, la licenciada Yerenia Otero Borrego afirma:
“En nuestro país los fiscales son los defensores del pueblo”.
TRADUZIONE AUTOMATICA
L'Avana, Cuba, Jan, www.cubanet.org-Dopo quasi tre mesi di attesa, Caridad Reyes ricevuto una risposta al reclamo, nel dicembre dello scorso anno. Otero Yerenia Borrego, capo del Servizio Popolazione del Procuratore Generale di Cuba, ha risposto:
"Il tuo caso è stato trasferito alla Procura Avana Provinciale per l'elaborazione e la risposta."
Probabilmente la signora Reyes aspettare 60 giorni. A 64 anni e una figlia con sindrome di Down nella loro cura, ha denunciato "l'ingiustizia dei giudici e del loro avvocato assunto della legge collettiva", in un processo di scambio sfida. Nel frattempo, continuano le scale cubi di rifiuti pericolosi da scarso drenaggio nelle tubature casa permutati.
"Sono stato ingannato", disse la vecchia.
Il documento preparato dal procuratore generale di rispondere alle richieste dei cittadini si estende per circa tre linee. Basta cambiare il nome del denunciante e al Procuratore provinciale che si muove.
L'procuratore generale utilizzato per inoltrare i reclami alle corti più basse senza dare soluzione al problema? E 'più efficace i cittadini si lamentano direttamente al procuratore provinciale?
Caridad Reyes e cercato aiuto presso l'Ufficio di L'Avana. Ma nel marzo 2011, i pubblici ministeri hanno detto che attendere la sentenza della Corte, perché "assicurare il rispetto della legge, ma non amministrare la giustizia."
Marcelino Acea, HIV paziente anche presentato una denuncia al procuratore provinciale della capitale di non ricevere più riparo.
"La mia casa è stata demolita in pericolo di crollare nel 1979. Da allora dormo per strada o in casa di un amico ", ha detto.
La risposta al suo caso è stato deferito alle stesse Comunità unità del corpo di transito della violazione, Direzione della Casa Comunale Centro Habana. "Ho finalmente risposto alla mia denuncia non è stata risolta, anche se ho in parte ragione", ha aggiunto.
Secondo la stampa ufficiale si è dichiarato Yerenia procuratore Otero, il 10 dicembre, "Giornata dei Diritti Umani" al Procuratore generale, l'attenzione per i cittadini è una priorità. "Noi siamo responsabili non solo per rispondere direttamente al pubblico, ma per eseguire il debug, elaborare e rispondere alle loro proposte, che sono le linee guida che hanno bisogno", ha detto.
Secondo i dati ufficiali le Trabajadores settimanali, da gennaio a ottobre 2012, nel perseguimento dei dell'Isola 75 000 352 persone hanno partecipato e ha ricevuto 12 000 768 grafici. Solo il 25 per cento dei richiedenti sono stati riconosciuti avevano ragione. Presumibilmente, in questi casi "in pista fino a quando non è stato risolto."
A quanto pare Yurlianis Martínez Tamayo per cento appartiene a quella lamentarsi senza ragione. Nel disperato tentativo di vivere in una scuola distrutta e in pericolo di crollo, occupato con i suoi due figli minori in materia di proprietà disabitata. Il pubblico ministero polacco ha risposto:
"Sappiamo che la loro situazione, ma non lo rende degno di trovare soluzione attraverso illegalità. Noi non è competente a intervenire nei fondi affari, molto meno per decidere su di loro. "
Poi Yurlianis fu violentemente cacciato dalla polizia di Diez de Octubre.
Ha denunciato i militari alla Procura Militare principale per le lesioni a lei e una delle sue figlie. Il 22 aprile 2010, ha ricevuto una risposta dal Vice Procuratore Generale, il colonnello Risell Collazo, che ha rinviato la causa al territorio del procuratore militare di "chiarire e fornire una risposta secondo la legge."
"La polizia non sono stati sanzionati. Attualmente che estinse Attacco pena me ", aggiunge Yurlianis.
Il sistema cubano giuridico prevede per le risposte obbligatorie ai reclami, ma nessuna soluzione o il rimborso se si trova la denuncia, o nei procedimenti giudiziari. Il termine è troppo lungo per rispondere e non fa eccezione per le emergenze.
In generale, nessuna istituzione indaga i meriti o verificare le presunte violazioni. Nella maggior parte dei casi, il denunciante ha riferito al trasferimento del suo caso al tribunale di grado inferiore. A volte non rispondono. Tuttavia, la signora Otero Yerenia Borrego ha detto:
"Nel nostro paese, i pubblici ministeri sono difensori civici".
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